La Real Academia Española nos enseña que el parche es un "pedazo de tela, papel, piel, etc, que se pega sobre una cosa, generalmente para tapar un agujero". En su sexta acepción habla de "cosa sobrepuesta a otra y como pegada, que desdice de la principal". Y cuando hace referencia a una definición más coloquial señala: "solución provisional, y a la larga poco satisfactoria, que se da a algún problema". En este Tucson de instituciones desnutridas, los parches han sido una constante y así los habitantes de la comarca se han acostumbrado a que toda solución tenga siempre un sabor pasajero más que permanente.

Pero los parches, mal que le pese a la mismísima Real Academia Española, no pueden ser la solución. Con el tiempo se destapa y vuelve a verse el agujero.

En 1995 en la Municipalidad de esta Capital había casi 2.000 taxis truchos. En ese año estalló en el Concejo Deliberante de la Capital un escándalo porque se vendían licencias de taxis. También en esa época se creó el sistema de remises que iban a circular de punto a punto y con aire acondicionado. Los remises jamás cumplieron con la ley. Entonces vinieron con los parches. El hoy inexistente Antonio Bussi, cuando fue electo por el voto puso una topadora en la puerta de la Casa de Gobierno como desafío a los Ale, que eran los que manejaban la mayoría de los remises que circulaban. Hasta que asesinaron a Paulina Lebbos (causa que también es un gran parche). Para entonces, Alperovich era gobernador e hizo crear en el municipio el Sistema Unico de Transporte Público de Pasajeros. El Sutrappa reemplazó a los taxis y a los remises. La ciudadanía creyó que era el final. Que por fin se terminaba la irregularidad. En Tucson se hablaba de que los taxistas o remises que pagaban determinada suma llevaban pegada una calcomanía en el auto que hacía de recibo del pago de la coima. El Sutrappa era la llave del paraíso. La coima, la corrupción y la inseguridad había terminado. Así lo dijo el propio gobernador. Hoy no hay dudas de que había sido un parche. Como si no hubiera transcurrido el tiempo, las licencias truchas han vuelto, se suman de a miles y como antaño se responsabiliza a los políticos de haber abierto la puerta para ir a jugar. Después de una impresionante movilización de taxistas que dejaron a la ciudad aislada, el intendente Domingo Amaya se puso los pantalones y prometió que no habrá más truchos. Cuesta creer, más aún cuando el lordmayor ya no es el coloradito que solía mimar el "sijosesismo". Hoy hay concejales que tienen como tarea no dejar que el intendente camine sobre un lecho de rosas. El negocio de la ilegalidad ha vuelto al municipio porque parchar no es solucionar.

Adicionales

Una sucesión de historias muy parecidas podrían contarse sobre la existencia de los adicionales en la Policía. Se trata de dineros extras que se pagan a policías para que hagan tareas extras con cierto encubrimiento oficial. Ahí se enquistan trampas para que el Estado pague menos, para que se cobren dineros mal habidos, para que la irregularidad camine como una gran señora en el Ministerio de Seguridad. Ningún responsable de seguridad de ninguno de los gobiernos anteriores ni de este -donde el gobernador no sólo es el titular del Poder Ejecutivo sino también ministro, secretario, legislador, policía e intendente al mismo tiempo- han podido evitar los parches. En estos días en los que ha vuelto el mal olor por los adicionales, el jefe de Policía, comisario general Jorge Racedo, y el subjefe, Luis Pedraza, no se llevan el apunte, nada menos que en una estructura sumamente verticalista como es la azul. Las reyertas internas salen a la superficie y todos los dardos apuntan al ministro Mario López Herrera. Los "sijosesistas" que nunca se separan de Alperovich suelen contar entre risas que Gerónimo Vargas Aignasse siempre tiene un traje listo con un plan en el bolsillo por las dudas lo llamen.

Los sociales
La remuneración de los legisladores es otro parche que podría dejar de existir si el gobernador quisiera. En 2003 cuando iba a asumir se le preguntó al mandatario actual cómo iba a hacer para que ese tema no fuera un escándalo. No va a haber gastos reservados, señaló, y aclaró que habría techos como el sueldo del gobernador para que no hubiera inconvenientes. A los pocos meses ya todo estaba desbordado y se le echaba la culpa al entonces vicegobernador Fernando Juri, porque no controlaba nada en la Cámara. Se cambiaron las autoridades (se lo echó al secretario de la Legislatura, Silvio Marservigi) y luego asumió como vicegobernador el hoy vice licenciado, ministro de Salud y denunciado por enriquecimiento Juan Manzur. Cuando se le consultó qué haría para cuidar la reputación de los legisladores y sus respectivas remuneraciones contestó: "está todo controlado, no hay de qué preocuparse". El tiempo pasa y ahora los legisladores tienen una dieta y cobran como gastos sociales montos que tienen un piso ($ 40.000), pero no un techo y que están guardados en un armario de la Legislatura. De allí van a la mano del legislador bajo el apelativo de gastos sociales. ¿Será por eso que un ex legislador pidió -por nota- una ayuda a sus ex compañeros y para que cada integrante pusiera $ 1.000 mensuales para ayudarlo? Así, cobraría unos $ 42.000.

La firma de un recibo sirve para que el Tribunal de Cuentas se cubra del por qué no interviene en la entrega de este plus justificado. Estos parches sólo sirven para que todo tenga un viso legal, pero afecta la transparencia y la reputación de los hombres y mujeres que elige el pueblo.

Los números no alcanzan
Fue en este Tucson donde se hizo la II Jornada Internacional sobre la Abogacía Estatal y el Control Gubernamental. El encuentro fue un imán para autoridades kirchneristas y hasta para que la Presidenta estuviera virtualmente presente. También sirvió para que el síndico general de la Nación tuviera tiempo de hacer un repaso de su polémica postulación a Procurador General de la Nación que entró en reposo definitivo. Reposaba en el Jockey Club con su amigo Miguel Chaibén Terraf y otros funcionarios cuando por televisión empezaron a tocar el réquiem a su candidatura. La figura de que un hombre "nuestro" como suelen decir en la Casa Rosada fuere el jefe de los fiscales era demasiado. En la Nación no tuvo cabida, aunque en la provincia no suele pasar nada. La oposición asegura que los números no les daban para levantar la imagen de Daniel Reposo. Seguramente, esta experiencia servirá para que el kirchnerismo anote quiénes pueden ser aliados y quiénes no a la hora de contar los votos para intentar una reforma constitucional.

Las jornadas tuvieron un importante debate académico y altísimo voltaje político. El alperovichismo eligió adherir más al debate que a la explosión política del encuentro. De esa manera, evitó roses con La Cámpora. Algo parecido ocurrió con el intendente Amaya. Cuando habló lo hizo estrictamente como el intendente de San Miguel de Tucumán que es y no como el posible candidato a gobernador, que él quiere ser. El auditórium que tenía a sus pies era tentador, pero optó por la prudencia. El tiempo le dirá si perdió una oportunidad.

Un nuevo combate
Los boxeadores suelen cometer excesos. Después de una pelea de fondo como la de hace 10 días, el concejal de Yerba Buena Pablo Berarducci se fue de boca al defenestrar a sus compañeros de bloque. Lejos de recibir el golpe, el resto de los ediles se subieron al ring para darle pelea y están dispuestos a no bajarse hasta que lo pongan nocaut. Luciano Villegas y Mauricio Marcoccia le pidieron al intendente Daniel Toledo que se baje del ring y este se quedó en el rincón mirando de reojo la actuación de los ediles. El primer golpe fue un recibo de la Anses y el segundo un informe de la Cámara de Diputados de Salta en la que el edil tiene una relación contractual al mismo tiempo que es concejal en Yerba Buena. Esta semana Berarducci quedó sin oxígeno político y el combate promete ser largo y a varios round porque el objetivo de los oficialistas es que se baje del ring. En el reino del alperovichismo está claro que la oposición rinde examen a cada minuto y no puede dar ningún flanco para no salir magullado.

Rechazo en puerta
Los tambores estuvieron a parche batientes no sólo en ámbitos políticos sino también en los Tribunales. La desesperación de la Corte por darle un final rápido al caso de Carlos López (el ex secretario que investigó a Alperovich y que fue seis veces postulante a un cargo de juez y siempre se le dijo que no) fue un bumerán. El oficialismo se aferra a la ley y no se cansa de repetir que no hay nada raro en esta decisión. López pidió a la Justicia que expliquen por qué en el último concurso eligieron a Diego López Avila. Mientras este espera que ahora la Corte decida ya hay legisladores que recibieron el mensaje de "José está que brama porque no apuraron la designación de López Avila" y ahora está frenada. Una sensación de venganza envuelve este caso que hasta animó a algunos tucumanos a salir a la calle a manifestar su descontento por el procedimiento. En la Corte, mientras analizan las recusaciones contra sus integrantes por haber estado en el Consejo Asesor de la Magistratura o por amistades con el gobernador, apuran un fallo. Antonio Gandur tendría en sus manos un borrador de lo que sería un rechazo (y más críticas para Alperovich). Los argumentos que se oyen en los pasillos del piso alto de Tribunales es que López conocía la facultad discrecional del gobernador para elegir de los postulantes que envía el CAM. López en tanto espera una explicación de por qué hace falta el mensaje de que haber cumplido con su trabajo lo inhibe de seguir progresando. En informática un parche son los cambios que se aplican a un programa para corregir errores, agregarle funcionalidad, actualizarlo. En Tucson, en cambio, un parche sirve para que se haga su voluntad.